Las tentaciones de la publicidad oficial

En Chile la distribución de la publicidad oficial, pasó de ser un tema técnico a convertirse en un panfleto ideológico. Los medios vinculados a la izquierda han culpado a la poca solidaridad estatal por sus magros resultados y no a su poca capacidad de conciliar contenidos con audiencias. En 2006, incluso, una comisión de la Cámara de Diputados investigó el destino de la publicidad gubernamental y recomendó varias iniciativas, una de ellas, que existiera un mecanismo técnico que justificara, por ejemplo, que cerca del 50% de avisaje apareciera en El Mercurio SAP. Pero la discusión está lejos de acabarse e insistentemente algunos sectores apuntan a que la publicidad oficial debe ser el motor de los equilibrios democráticos. Una ecuación un poco impresentable y fuera de lógica. Sobre este tema, acaba de aparecer el informe "El precio del silencio, Abuso de publicidad oficial y otras formas de censura indirecta en América Latina", realizado por la Open Society (vinculada a las fundación Soros) y la Asociación por los Derechos Civiles . El estudio muestra que la publicidad oficial aumentó el 31,4% entre 2004 y 2005. Según el ministro Vidal el salto se debió a algo “absolutamente lógico, porque un gobierno tiene que mostrar, exponer, seducir [y] convencer a la ciudadanía de las cosas que hace". Lo interesante del estudio, que incluye toda la región, es que además explica como el Estado toma un rol de censor en muchas zonas del país, a través del avisaje. Es el caso de algunos medios regionales que viven de la publicidad de Codelco y que por lo tanto, jamás tocan a la compañía. La discusión no terminará con este informe, menos cuando las elecciones están cerca.

El presente informe analiza una tendencia creciente en América Latina: la interferencia “tras
bambalinas” que ejercen los gobiernos sobre la libertad de expresión y la independencia editorial
de los medios de comunicación y los periodistas. Tales abusos, que hemos conceptualizado
como “censura indirecta” o “sutil”, no son totalmente nuevos. Aquello que los diferencia de
otras violaciones más obvias y frecuentemente documentadas –tales como el acoso judicial o
actos de violencia e intimidación contra periodistas– es que en gran parte permanecen invisibles
para el público en general, mientras proyectan una amplia e insidiosa sombra sobre la
libertad de expresión. En particular, este informe documenta la utilización abusiva que hace
el gobierno de sus facultades financieras y regulatorias sobre los medios, como por ejemplo
aquellas relacionadas con los procesos de asignación de la publicidad oficial y adjudicación de
licencias, así como también otras interferencias ejercidas sobre los contenidos. También describe
diversas formas de presión gubernamental que pueden ser muy fuertes y directas –tales
como la amenaza de despedir a periodistas que expresan abiertamente su opinión– pero que
han permanecido ocultas e incuestionadas.